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El triángulo de la incertidumbre

En sólo una semana, con el arranque de febrero, el gobierno de Cristina Kirchner pudo comprobar por qué no logra avanzar con el enésimo intento de armar un pacto social, esta vez para contener las presiones de precios y salarios durante el año electoral.

Ni empresas ni sindicatos están demasiado entusiasmados en firmar nada que los comprometa en el futuro inmediato, cuando la incertidumbre pasó a ser el común denominador debido a las acciones, omisiones y contradicciones del propio gobierno, que confunde efectos con causas.

A pesar de que en este verano se mantienen los buenos niveles de actividad y de consumo interno, la incertidumbre podría graficarse con un triángulo en el que predominan factores cuya inicial también es la letra "i".

El vértice principal es la inflación, que volvió a empinarse en enero (con una suba cercana a 2% mensual) y que el Gobierno se empeña en desconocer con procedimientos cada vez más burdos. No sólo el ministro Amado Boudou insiste en que la tasa es de un dígito anual, sino que el secretario de Comercio Interior se dedica ahora a presionar a las consultoras privadas que demuestran lo contrario. El reclamo administrativo, a través de la Dirección de Defensa de la Competencia, para que perentoriamente revelen información que el propio Indec esconde desde hace ya cuatro años, merecería ingresar a la antología del absurdo.

En realidad, es la absoluta falta de credibilidad de los indicadores del Indec la que originó que cada vez más consultoras privadas se dedicaran -con mayor o menor rigor- a relevar información de precios para vender a sus clientes, en una suerte de privatización de hecho de las estadísticas inflacionarias. Más allá de la teoría conspirativa implícita en este apriete oficial, tampoco se explica en este caso por qué el Estado debería intervenir en acuerdos entre privados. A menos que también existiera la insólita pretensión de regular en el futuro la elaboración y difusión de estos indicadores, que, por otro lado, suelen ser claramente coincidentes entre estudios que compiten entre sí. Sin ir más lejos, en 2010 hubo una dispersión de sólo tres puntos entre las consultoras que estimaron la inflación anual más baja (23%) y la más alta (26%). Con ellas también coinciden los organismos oficiales de estadística de las siete provincias que también relevan precios al consumidor y de las cuales suelen nutrirse varias consultoras privadas. Es imposible suponer en este marco que todos están equivocados y el único en lo cierto es el Indec, que registró el año pasado una suba de apenas 10,9% en el IPC, como si todos los consumidores del área metropolitana hicieran en masa sus compras en el Mercado Central (imitando a la presidenta del Banco Central) y no en supermercados o comercios.

Sin embargo, el problema de fondo no es la medición de precios sino la causa de los aumentos y su proyección futura. No hace falta consultar a un economista profesional para advertir que si el gasto público crece en 2011 a una tasa de 40% interanual, lo mismo que la expansión monetaria, y las paritarias arrancan con un abanico de reclamos salariales que va de 25 a 45% (o sea, 10 puntos porcentuales más que en 2010), la inflación difícilmente podría frenarse o apuntar hacia abajo. Máxime cuando el Gobierno la utiliza como un argumento político-electoral, como lo demostró al anunciar el último ajuste automático de las jubilaciones con casi dos meses de anticipación. El aumento de 17,3%, presentado con bombos y platillos, se aplica sobre una base de ingresos cada vez más deteriorada y sólo contrarresta la inflación pasada. Para el futuro inmediato, cualquier intento de acuerdo social para contener la inflación está condenado al fracaso, si el mismo Gobierno que lo convoca se dedica a fogonearla.

Intervencionismo e impunidad
Frente a estas causas macroeconómicas, que sólo tienen como dique de contención el retraso del tipo de cambio frente al dólar y el congelamiento de tarifas financiado con crecientes subsidios, la respuesta del Gobierno es atacar algunos efectos con mayor intervencionismo estatal.

Este segundo vértice se caracteriza por su discrecionalidad: las últimas resoluciones de Guillermo Moreno se basan en la anacrónica ley de abastecimiento, obligan a retrotraer precios a fin de enero y virtualmente tienen dedicatoria, aunque no mencionen a ninguna empresa en particular. Peor aún, sólo afectan a compañías (Shell, Cablevisión, Techint) con encontronazos pasados o presentes con el Gobierno, lo cual supone una sanción más política que económica, que derivará en amparos y demandas judiciales cruzadas. Techint fue la única en acatar esa medida, pese a considerarla ilegal, y dejó sin efecto un ajuste promedio de 2,6% en los precios de Siderar. No obstante, fuentes del grupo se encargaron de aclarar que no habían suscripto ningún acuerdo previo con la Secretaría de Comercio Interior y que en los últimos 12 meses los precios del acero subieron 22% en el mercado local, mientras los costos de materia prima (mineral de hierro) lo hicieron 157% y los de mano de obra, 30 por ciento.

Más allá de estas precisiones, lo cierto es que, en un contexto de mayor inflación, nadie sabe cuál es el criterio oficial por el cual algunas empresas pueden ajustar precios y otras no. Lo mismo ocurre con las trabas para exportar o importar. Paradójicamente, este intervencionismo discrecional, que desalienta inversiones, alimenta presiones inflacionarias: aquellas actividades que se encuentran más lejos de los controles oficiales tienden a cubrirse, por las dudas. También genera más distorsiones de precios relativos: hoy llenar un tanque de GNC para recorrer 100 kilómetros cuesta casi lo mismo que una hora de estacionamiento en el microcentro porteño, o diez veces más que una ficha de parquímetro.

La inflación de dos dígitos incentiva además una mayor puja distributiva y su correlato de conflictos laborales, aderezados por motivos políticos o internas intrasindicales. En los últimos tiempos muchos de ellos se caracterizan por su impunidad, que es el tercer vértice del triángulo de la incertidumbre. No pocos reclamos salariales comienzan hoy por el final: paros sorpresivos o tomas de establecimientos para después negociar, ante la pasividad oficial. Puede ser el bloqueo de puertos (como ocurrió en Rosario), de plantas impresoras o distribuidoras de diarios, la terminal de ómnibus de Retiro en un cambio de quincena, o el no acatamiento de una conciliación obligatoria. Casi nunca algún dirigente sindical o social es responsabilizado judicialmente por estos actos ilegales, lo cual constituye un implícito incentivo para llevarlos a cabo.

Los llamados a la moderación formulados por Cristina Kirchner en la última semana pueden interpretarse como una forma de preocuparse de los efectos de este cuadro socioeconómico sin considerar sus causas. O bien como una tardía reacción oficial al Frankenstein que el kirchnerismo se encargó de crear, bajo el espejismo de que un fuerte crecimiento del PBI habilita a gobernar sin asumir ningún costo político.

Néstor O. Scibona
Para LA NACION
nscibona@speedy.com.ar

Domingo 06 de febrero de 2011

Fuente

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