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Cuando de un problema se crean dos

Hasta las elecciones de octubre, la estrategia económica del gobierno de Cristina Kirchner parece clara: forzar al máximo los niveles de actividad y barrer los problemas debajo de la alfombra.

La idea es replicar los resultados de 2010, aunque en el camino pierda un par de puntos de crecimiento del PBI y agregue otro tanto, o más, de inflación, que será religiosamente desconocida por el Indec o multada si la medición proviniera de consultoras privadas.

Este esquema ideal tropieza con algunos escollos. Uno es la necesidad de aplicar cada vez más parches para mantener la ilusión de que existe un "modelo" (aunque poco tenga que ver ya con el aplicado entre 2003 y 2007) y que hasta la propia presidenta del Banco Central admite que no es entendido por buena parte del mundo. Ciertamente no es fácil explicar, cuando China o Brasil, Chile o Perú adoptan medidas para frenar una inflación del rango de 4/6,5% anual, que la Argentina esté compitiendo con Venezuela por el primer lugar del podio inflacionario mundial y con invocaciones al progresismo.

Otro escollo es que cada parche que se aplica para tapar un problema termina por generar otro? por lo menos. La última ampliación del régimen de licencias no automáticas de importación -que no es otra cosa que pedir permiso al Gobierno para adquirir productos o insumos en el exterior- es un buen ejemplo de ello. Aunque la ministra Débora Giorgi lo haya presentado detrás del loable objetivo de "defender la producción y el empleo nacional de la competencia externa desleal", el resultado puede ser opuesto.

Una economía que crece requiere de mayores importaciones, sobre todo cuando la demanda interna aumenta más que la oferta, que es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina. Al frenarse discrecionalmente algunas compras externas, en algunos sectores también pueden detenerse la producción o las ventas, lo cual tampoco mejora el empleo. Otros, en cambio, tienen más techo para subir los precios internos frente a una mayor demanda, al disponer de virtuales reservas de mercado. De ahí que la medida coseche adeptos y detractores en el ambiente empresario, según cómo estén ubicados de cada lado del mostrador.

Aun así, cuesta creer que todos los rubros incluidos en este régimen de permisos previos (que representan 20% del total importado en 2010) compitan deslealmente con la producción local. Más bien habría que suponer que busca emparchar otro problema: el aumento de costos en dólares provocado por un tipo de cambio que, al ajustarse muy por debajo de la inflación, abarata importaciones además de complicar exportaciones. Desde este ángulo, la medida apunta a preservar el superávit comercial que se deterioró en 2010 (aunque se ubicó en US$ 12.000 millones), básicamente por el aumento de compras externas en un rubro que el Gobierno ya no puede frenar sin provocar una fuerte escasez en el año electoral: gas natural y combustibles pesados para reemplazarlo en la generación termoeléctrica. Aquí también un problema (el congelamiento de tarifas que estimulan el consumo de energía) termina generando otros (crecientes importaciones y subsidios estatales indiscriminados para evitar aumentos).

Para 2011, las consultoras privadas prevén que el superávit comercial podría bajar otro escalón. Abeceb.com lo ubica en un rango de US$ 10/11.000 millones, al igual que el Estudio Broda (10.200 millones). Incluso este último calcula que si no existieran las intervenciones de Guillermo Moreno, podría reducirse a 6100 millones.

Según el último informe económico del Banco Ciudad, estas restricciones significan "curarse en salud". La razón final es cuidar las reservas del Banco Central -estabilizadas en US$ 52.300 millones- ya que el Tesoro necesita por lo menos 7500 millones para atender los pagos externos de este año. Y no descarta que, a medida que avance el calendario electoral, se reactive la salida de capitales, que en 2010 -por quinto año consecutivo y sin elecciones de por medio- trepó a 11.410 millones. Claramente, si el Gobierno no hubiera decidido el año pasado apropiarse de las reservas del BCRA como si fueran un ingreso fiscal para financiarse, la magnitud de este riesgo sería inferior.

Caso por caso
Otro problema se vincula con eventuales represalias de los principales socios comerciales, como ya ocurrió con China (y el aceite de soja) el año pasado. En el comercio exterior, nadie quiere comprarle al que no le compra y en este caso no se trata de una cifra marginal. El mismo informe del BCBA precisa que las importaciones alcanzadas por las nuevas licencias representaron US$ 11.000 millones en 2010, que en su mayor parte provinieron de Brasil (37%), China (22%), Alemania (7%) y EE.UU. (5 por ciento).

En el nivel de las empresas, el impacto es dispar porque no sólo abarca bienes de consumo final (como autos de alta gama), sino también insumos, repuestos, partes y conjuntos. En teoría, las licencias no automáticas deberían autorizarse en un plazo máximo de 60 días, como lo establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero en la práctica no siempre es así y, a veces, se requieren de amparos judiciales para liberar importaciones. Esto crea dificultades para programar la producción, además de mayores costos administrativos. Además, una vez autorizada, el mecanismo prevé que la importación debe ser documentada y despachada en 30 días, vencidos los cuales el trámite debe recomenzar desde cero. También puede crear una competencia arbitraria entre empresas de un mismo sector, en caso de que haya aprobaciones para unas y no para otras, ya que los trámites son caso por caso. En otros, el propio gobierno interviene para reclamar una restricción "voluntaria" de importaciones anuales (generalmente del 20%), por encima de la cual no autoriza operaciones. No se trata estrictamente de una prohibición, pero se le parece.

Desde el Ministerio de la Industria defienden estas medidas señalando que buscan promover una mayor producción local o exportaciones equivalentes al monto que cada compañía necesita importar. Sin embargo, esto también es teoría. Por un lado, hay casos -como ocurre con productores de tractores o maquinaria agrícola autopropulsada- que importan partes o tornillos especiales para armar motores, en una escala que no justificaría instalar una planta en el país. Por otro, no todas las empresas tienen productos ni saldos exportables a raíz de la mayor demanda interna, ni certezas de que no se encontrarán con nuevos cambios de reglas si deciden invertir para aumentar la producción. Por lo tanto, se crea un problema (menor producción por falta de insumos) dentro de otro (frenar importaciones).

Así y todo, nada de esto se compara con los perjuicios que podría provocar al sector externo de la Argentina y a los productores agrícolas la iniciativa de Francia y el Banco Mundial de regular los precios de las commodities para abaratar los alimentos a los países más pobres. Menudo problema para el ministro Boudou en el G-20: rechazar en el extranjero el mismo mecanismo que el Gobierno aplica para el mercado interno.

Nestor O. Scibona
Para LA NACION
nscibona@speedy.com.ar

Domingo 20 de febrero de 2011

Fuente

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